GAMBITO DE CABALLO. la triste situación de los niños robados

“GAMBITO DE CABALLO”.


La triste partida de ajedrez de los “niños robados”.



Soy un jugador medio del noble arte del ajedrez. Y siempre he admirado ese movimiento atrevido de ataque, en el que se ofrece sacrificar una pieza un peón, para obtener una posición victoriosa, colocando en ventaja otra pieza, normalmente el caballo. Es el llamado “gambito de caballo”.

Bien, estamos en un momento crucial en el desarrollo de las investigaciones y el proceso de los “niños robados”, en los que el gobierno entrante del PP, de forma astuta he de reconocer y cual un avezado jugador de ajedrez, está realizando una “jugada” parecida, para intentar ganar esa partida y hacer olvidar de la forma más ruin las investigaciones judiciales en curso.

¿Cuáles son esos hechos de esta estrategia?

1.- La Sentencia del Tribunal Supremo que absuelve a Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo. El efecto de dicha Sentencia, es gravísimo contra los intereses de los que perseguimos judicialmente dichos delitos. Porque aunque un sector de los jueces, fiscales y catedráticos de derecho considera que ese delito es de carácter permanente, es decir, que el plazo de prescripción no empieza a contar mientras el secuestrado no aparezca. Sin embargo, la sentencia señala que esa argumentación es “una ficción contraria a la lógica jurídica”, porque supondría considerar que ese delito se sustrae a las normas de prescripción. Y concluye que “no es admisible que un delito ya prescrito sea resucitado en su persecución”, añadiendo que “el instituto de la prescripción es una norma de carácter sustantivo y de orden público sobre el que actúa el criterio de la irretroactividad salvo en lo favorable”. (Véase al artículo al respecto de José Yoldí en El País, el 4 de marzo pasado).

En definitiva, el Supremo abre una peligrosa y desalentadora puerta a los archivos generalizados por prescripción. Y ni que decir tiene en mi humilde opinión, una puerta equivocada en su interpretación jurídica, y malintencionadamente dirigida desde grupos de presión.

2.- El nuevo Fiscal General del Estado, declara que no está clara la calificación jurídica de los hechos de los niños robados, y que se tratará el asunto con el máximo interés “pero con la precaución que exige la Ley de Protección de Datos, y respetando el interés de terceros”. Además, nombra un “fiscal especial”, en un gesto amable pero carente de efectividad, como luego diré.

3.- Mientras el poder judicial allana el camino a archivos masivos de los procesos en curso, el poder ejecutivo, los gobernantes, no dejan de transmitir “buenas intenciones” en sus declaraciones públicas: Gallardón, manifiesta que los casos de niños robados, deberán investigarse “con independencia” del resultado judicial; el PP se compromete en algunas comunidades, a crear comisiones de investigación de estos casos, para que administrativamente se investigue el paradero de hijos y madres, aprobando leyes al efecto carentes de utilidad, como la reciente en la Comunidad Valenciana, aprobada con enmiendas no aceptadas de los grupos de la oposición, y que no pasa de ser una mera manifestación de intenciones carente de utilidad práctica; el Secretario de Estado de justicia, ofrece reuniones periódicas a las asociaciones, creando grupos de trabajo y mostrando buenas intenciones.

4.- Mientras las buenas palabras siguen resonando a nivel gubernamental, y se ha nombrado un fiscal especial para las investigaciones, los archivos siguen produciéndose masivamente por los más variopintos motivos, pero en muchísimos casos sin la mínima actividad probatoria, y por supuesto sin seguir un criterio unánime por todas las fiscalías provinciales, actitud inconstitucional y que en teoría debería remediar no ya el fiscal especial, sino el propio fiscal general, cosa que no hace.

5.- Además, se van haciendo cada vez más patente, opiniones de grupos de poder pidiendo “atemperar”, “endulzar” o “suavizar” la investigación judicial. Por ejemplo, las recientes declaraciones del arzobispo de Barcelona, que pide con absoluta desfachatez, juzgar los casos de robos de bebés con “criterios de aquél tiempo”.

6.- Otras circunstancias accesorias, son no menos sonrojantes, y avergonzarían a cualquiera si no estuviésemos en un país “de pandereta” y alguna asociación de afectados no tuviese intereses económicos directos en ello, como el hecho de que uno de los laboratorios encargados de realizar las pruebas de ADN para crear una base de datos para los rencuentros, Genómica, tenga indirectamente al menos y a través de su presidenta, relación con el Opus Dei.

Frente a todos estos movimientos cual piezas del ajedrez, para colmo el contrincante, es decir algunas asociaciones que supuestamente defienden los intereses de “los niños y las madres robadas”, aceptan ese juego. Aceptan el gambito de caballo. Y se sientan a negociar, se alegran de hechos vacíos que se venden como avances, incluso plantean aceptar comisiones de investigación extrajudiciales o extrapenales, para en cualquier caso, buscar a los hijos y madres.

Como si pudiese aceptarse sin sonrojarse, que esta búsqueda pueda ir separada de una clara y rotunda responsabilidad penal.

Pero, ¿en qué puede derivar todo este panorama? ¿Qué se busca en realidad con estas actuaciones, que peligrosamente están aceptando y aplaudiendo algunos afectados?.

Para mí, y desde la objetividad y distancia, está claro. CERRAR TODA POSIBILIDAD DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL PENAL DE ESTOS HECHOS TAN GRAVES, y convertir “la patata caliente” del dramático tráfico de bebés en España, en un simple asunto de búsquedas administrativas de familiares, que poco a poco, caería en el olvido sin responsabilidad alguna.

Porque esto es lo que puede pasar, si siguen así las cosas:

1.- ARCHIVO masivo de todos los procesos penales, en virtud del instituto de la prescripción mal aplicado. Pero con el aval del tribunal Supremo.

2.- COMPENSACIÓN a los afectados, con una supuesta búsqueda administrativa a cargo de organismos no judiciales. Falacia tremenda, pues obviamente esos órganos administrativos no encontrarán nada como hasta ahora ha pasado, pues si encuentran, también aparecerán culpables, y entonces ¿ Qué hacer con esos culpables, si no se les puede enjuiciar? Además, en mis veinte años de experiencia en búsquedas de familiares, puedo asegurar que solo cuando ha intervenido el poder judicial se ha tenido éxito en las mismas.

3.- JUSTIFICACIÓN EXTERIOR, cerrando la actuación de la justicia penal internacional. Así, aunque se potencie y realice una archivo masivo de las causas penales de investigación judicial, el gobierno español se justificará diciendo que ha atendido a los afectados, que ha creado comisiones de investigación, que ha puesto medios a disposición de las madres e hijos que buscan, que ellos son partidarios de los rencuentros. Y en realidad, el caso “habrá quedado cerrado para siempre”.



En definitiva, se está produciendo un movimiento por parte de los poderes públicos, lo reconozco inteligente, para CONVERTIR la investigación penal de un hecho gravísimo y vergonzoso ocurrido en España durante décadas, el tráfico de seres humanos con el consentimiento del Estado, un una mera búsqueda administrativa de familiares.

Y no se trata de eso.

El “gambito de caballo”, un falso reconocimiento de la necesidad de ayudar par ganar su partida, no debe engañarnos. Solo hay una forma de tratar estos crímenes contra la humanidad ocurridos en España durante tantos años, y que tantas familias han destruido: la judicial penal. Es una cuestión indisoluble.

Porque digan lo que digan, nos encontramos ante delitos de lesa humanidad, que no han prescrito, y que se realizaron en nuestra nación de forma organizada, flagrante, y reiterada. Que rompieron vidas, crearon traumas, y que han de ser resueltos no sólo con la condescendiente ayuda de la administración para tratar de buscar. Eso sería intolerable.

Han de ser investigados, resueltos y castigados, con la contundencia que sólo la justicia puede aplicar. Porque las madres y los hijos, además de rencontrarse, quieren ver reparado el dolor que tantos años han sufrido a consecuencia de unas personas y unos organismos mafiosos, que ahora no deben quedar impunes.

No caigamos en la trampa. Sigamos pues luchando sin conformarnos con migajas. Si no cejamos en nuestro empeño, con paciencia y determinación, al final llegará el éxito, habrá rencuentros, y los culpables, incluyendo al Estado que ahora quiere diluir toda responsabilidad, pagará en justicia por la atrocidad que se cometió.

ENRIQUE J. VILA TORRES

Abogado afectados por la mafia de la compraventa de bebés.

Secretario de SOS RAICES ESPAÑA